La adquisición por parte del gobierno federal de la marca y varios activos de la extinta aerolínea Mexicana de Aviación acordada el viernes pasado por la cantidad de $ 816 millones sería inconstitucional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Jurídico-Aeronáuticas (Inija).
Compra de Mexicana de Aviación sería "inconstitucional"
Un A320 que luce la última librea que utilizó Mexicana de Aviación cuando aún realizaba vuelos, allá por 2010.
“En primer lugar, la reforma a las Leyes de Aviación Civil y Aeropuertos que envío el ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, que permiten la asignación a la Sedena de un permiso de operador aéreo comercial, aún no han sido aprobadas. Eso será hasta el próximo período de sesiones que inicia en febrero, que podrán analizarse y, en su caso, votarse”, señaló Pablo Casas Lías, director de Inija.
Asimismo, enfatizó que la propuesta económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue prematura, en virtud de que no tiene certeza de que legalmente la Sedena pueda operar una aerolínea y no se prevenga el posible detrimento en contra del erario.
“En su caso, el nombre y marca comercial adquiridos por la ‘Cuarta Transformación’ terminarán en un archivero de alguna secretaría de estado”, comentó el experto en Derecho Aeronáutico.
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Inija: “Compra de Mexicana de Aviación es espontaneidad presidencial”
Casas Lías explicó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 “no existe nada referente a la constitución de una aerolínea comercial a cargo del gobierno federal, que podría costar en su totalidad unos US$ 150 millones, por lo que hasta el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, no hay un peso asignado para tal efecto, como resultado de una espontaneidad presidencial”.
El especialista comparó el caso de Mexicana de Aviación con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), “al que sí se refiere el PND 2019-2024 y al que se le asignaron recursos legalmente”.
En ese sentido, advirtió, “debe señalarse que cualquier desvío de recursos no presupuestados y etiquetados conlleva sanciones administrativas y penales para el servidor público involucrado, además de contravenir lo dispuesto por la Ley Federal de Austeridad Republicana”.
Aunado a lo anterior, abundó, también se violan preceptos constitucionales y preceptos legales de la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras.
“Todo ello vicia de inconstitucionalidad la pretendida compra de la marca y nombre Mexicana de Aviación”, concluyó.
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