Sin discusión, el Senado aprobó las reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que de los recursos recaudados por ingresos fiscales de turistas extranjeros que visiten el país (Derecho de No Residente), un 80% se destine a proyectos de inversión en infraestructura, como el Tren Maya o al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otras obras.
¿A dónde van a parar los recursos generados por turismo?
Recursos económicos provenientes del turismo se destinarán a una entidad paraestatal por conformarse y cuyo objeto será administrar obras de infraestructura.
Recursos económicos provenientes del turismo se destinarán a una entidad paraestatal por conformarse y cuyo objeto será administrar obras de infraestructura. CNET manifestó su escepticismo sobre la medida.
Las reformas aprobadas por el Congreso son vistas con escepticismo por organismos como el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), quien advierte de las consecuencias para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
La medida es vista con escepticismo por organismos como el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), quien advierte de las consecuencias para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El 20% restante correspondería al Instituto Nacional de Migración (INM). El recurso por concepto del DNR asciende a cerca de $ 20,000 millones.
La iniciativa presidencial aprobada por el Congreso busca destinar los ingresos por el DNR a la “administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole”.
Dichos proyectos y servicios estarían a cargo de una entidad paraestatal y los ingresos que se obtengan por el DNR se destinarán a un fideicomiso público federal sin estructura que constituirá la citada entidad y el cual estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Asimismo, las modificaciones suponen la desaparición del Fonatur: “Se modifica la integración del patrimonio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para suprimir de este los ingresos fiscales que se obtengan de manera proporcional por la recaudación del derecho por la autorización de la condición de estancia a las personas extranjeras…”.
Las modificaciones fueron validadas con 60 votos a favor, cero votos en contra y seis abstenciones, y enviadas al Ejecutivo federal para su promulgación.
CNET: el destino del Fonatur y CIP
El CNET y el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac (Cicotur) advierten sobre los efectos de las reformas recientemente aprobadas.
“Con independencia del escepticismo con el que pueda verse que la Sedena gestione empresas turísticas y reconociendo que siempre es bueno que haya más infraestructura en el país, como vías férreas y aeropuertos, probablemente no sería la mejor decisión que el Estado interviniera en empresas turísticas en tanto pueda haber interés de inversionistas por mantenerse en este tema”, consideró Francisco Madrid, director del Cicotur.
El investigador puntualizó también que la afectación a la promoción turística ya se había resentido desde 2019, cuando el Congreso decidió modificar la Ley Federal de Derechos y desaparecer al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), cuyos recursos se habrían destinado al financiamiento del Tren Maya.
Por su parte, el presidente del CNET, Braulio Arsuaga, se refirió a la inminente desaparición del Fonatur con la aprobación de las reformas.
“Básicamente desapareció. ¿Qué pasaría con la desaparición del Fonatur? Las reservas territoriales pasan a manos de los gobiernos y se pone en tela de juicio el mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP) pero también la creación de nuevos CIP.
“La reserva territorial seguramente no será una prioridad y podemos perder competitividad derivado de que es necesario detonar nuevos CIP, y yo diría que también hay algunos que nunca volaron y habría que echarlos a volar.”
Respecto a la eventual desaparición del Fonatur, Madrid recordó que habría que modificar la Ley General de Turismo para cancelar el organismo “porque existe por mandato de la Ley desde 1974. Habría que esperar la materialización; lo que hoy se está haciendo simplemente es etiquetar los recursos del DNR para esta empresa paraestatal”.
Reformas: una carambola de tres bandas para mal
En diálogo con este medio, Benjamín Díaz, doctor en Turismo por la Universidad Anáhuac, consideró que las reformas aprobadas recientemente son una suerte de “carambola de tres bandas para mal”:
“Se están recanalizando recursos hacia algo que no funciona para la industria turística, como es el Tren Maya; por tanto, se deja de hacer lo que se tiene que hacer con los recursos y da la imagen de que las autoridades no saben lo que están haciendo”, alertó.
Díaz explicó que destinar el 80% a obras y proyectos administrados por la Sedena no corresponde a lo jurídicamente establecido.
“El DNR es un derecho y la Ley de Ingresos establece claramente que un derecho debe ser canalizado para el propósito que se especifica. No puedes cambiarle la naturaleza para la que fue concebido, que inicialmente fue para promoción turística.
“La naturaleza jurídica del origen del recurso es cobrarle al extranjero para financiar la promoción turística y otras cosas. Ese ‘otras cosas’ tiene el grave riesgo de canalizarse a proyectos que no tengan que ver con promoción turística o a infraestructura que no sea estratégica. El Tren Maya no es estratégico, desde el punto de vista de promoción turística”, advirtió.
Por otro lado, cuestionó el hecho de que Sedena esté a cargo del fideicomiso para administrar el 80% de los recursos del DNR: “¿Quién va a administrar ese derecho? El Ejército, por lo tanto, ese derecho no va a ser manejado estratégicamente desde el punto de vista turístico. La milicia hace infraestructura militar, lo comercial no lo saben hacer porque no es su función”.
En ese sentido, añadió, “el recurso es a fondo perdido, no existe posibilidad que el Tren Maya sea rentable”.
Díaz alertó también sobre la afectación a instituciones del sector ya consolidadas, como Fonatur.
“Esta decisión no solo es un tema de desperdicio de recursos a un tren que turísticamente no va a lograr nada sino que además afecta a las instituciones turísticas consolidadas como Fonatur porque no tendrá recursos para mantener a un CIP como Cancún o Ixtapa Zihautanejo.
“Los municipios no van a poder financiar la infraestructura y mantenimiento de los CIP, por lo que la tendencia va a ser el deterioro de los CIP, los cuales son, de alguna manera, la joya de la corona turística”.
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